En su 20 aniversario el Observatorio (240 ediciones) realiza un análisis sobre las carencias del informe sobre la sanidad del Consejo Económico y Social (CES) entre las que destaca la omisión de los 10.982 millones de euros que han aportado las farmacias forzadamente de su margen, debido a los recortes ...
En su 20 aniversario el Observatorio (240 ediciones) realiza un análisis sobre las carencias del informe sobre la sanidad del Consejo Económico y Social (CES) entre las que destaca la omisión de los 10.982 millones de euros que han aportado las farmacias forzadamente de su margen, debido a los recortes impuestos por los reales decretos desde el año 2000.
La publicación del informe sobre la Sanidad del Consejo Económico y Social (CES) a principios del año 2024 nos permite hacer un análisis sobre el mismo que se basa en datos oficiales sobre el gasto farmacéutico público. Aunque el informe presenta una gran calidad, presenta algunas carencias importantes, que ponemos de manifiesto en este Observatorio, como las referidas al porcentaje que supone la aportación de los beneficiarios sobre la facturación total de recetas, o las aportaciones que viene realizando el sector forzadamente desde el año 2000, por efecto de los Reales Decretos Leyes publicados desde entonces y que asciende a casi 11.000 millones de euros. Creemos que estos datos deben ser conocidos y publicados por lo que transmitiremos, a través de los representantes de la patronal, que se incluyan en futuras ediciones de la memoria.
A nuestro entender el informe tiene una importante carencia: ignorar las contribuciones forzadas que realizan la industria farmacéutica y las farmacias al Sistema Nacional de Salud.
Según estos datos la industria habría colaborado con 3.138,65 millones a los que habría que agregar la aportación forzosa de hasta un 2% - que proviene de la disposición adicional 6 de la Ley de Garantías y unos 200 millones en algunos años a cambio de la protección de la innovación (marcas) y las llamadas "transferencias de valor". En el caso de las farmacias hay una aportación de los Decretos Leyes desde el año 2000 y su modificación en el año 2008 a la que habría que restar la devolución que realiza Farmaindustria y las escasas cantidades que dedican las Comunidades Autónomas a las farmacias VEC.
El último apartado del informe se refiere a las Oficinas de Farmacia, en el que tras unas consideraciones de carácter general en las que afirma "las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios que, por su cercanía y proximidad, desempeñan un papel fundamental en la política de salud pública y de uso racional del medicamento".
A continuación, ofrece datos, indicando que en España hay, de media, una farmacia por cada 2.146 habitantes, si bien con una gran variabilidad entre Comunidades Autónomas (desde los 1.106 habitantes por farmacia en Navarra a los 3.500 aproximadamente en Ceuta y Melilla. Las nuevas aperturas, indica, se concentran en las comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) mientras en Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, disminuyen en su número.
También indica el informe que entre los numerosos ejemplos de iniciativas desarrolladas desde este ámbito que mejoran la calidad de la prescripción farmacéutica y apoyan las labores desarrolladas por profesionales del sistema sanitario, especialmente destaca el sistema personalizado de dosificación de medicamentos (SPD). En este caso, y en un informe de estas características, sería interesante algún tipo de cuantificación de este servicio.
Finalmente, el informe alude al avance que ha supuesto la interoperabilidad de la receta electrónica, que en el fondo es la corrección de – esto lo decimos nosotros – de un gran error de diseño a nivel autonómico, cuando debía haberlo sido a nivel nacional, ya que atiende a un derecho universal.