Un lustro de recortes hunde el gasto sanitario en España

Fedea ha publicado un documento elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, Carmen Marín y Juan Rubio en el que se analiza la evolución de las distintas partidas de gasto público durante la reciente crisis económica (2007-2014), comparando a España con la media de la UE. El estudio se centra especialmente en la evolución del gasto de los distintos programas del Estado de Bienestar: sanidad, educación, pensiones y resto de protección social.

En el trabajo, el periodo de la crisis se divide en dos etapas: una caracterizada por una política fiscal expansiva (2007-2009) y otra de consolidación fiscal (2009-2014). Durante la fase expansiva, en España se produce un rápido aumento del gasto público que se concentra en las partidas de desempleo (+1,5 puntos del PIB), servicios generales (+1,1 puntos), pensiones (+1,1 puntos) y sanidad (+1,1 puntos).

En total, el gasto público español aumentó en 7 puntos del PIB frente a 5,6 puntos en el conjunto de la UE-28. En la fase de consolidación fiscal, por el contrario, se observa en España una importante reducción de los gastos del Estado de Bienestar que afectó a las partidas de educación (-0,5 puntos del PIB), sanidad (-0,7 puntos), desempleo (-0,6 puntos) y resto de protección social (-0,4 puntos). Pese a ello, el gasto total continuó aumentando debido al fuerte crecimiento del gasto en pensiones (+2,6 puntos) y en intereses (+1,7 puntos). En su conjunto el peso del gasto en el PIB se redujo en España en 1,3 puntos durante la fase de consolidación, frente a los 2,1 puntos de la UE-28.

Tras la crisis, España presenta en 2014 un nivel de gasto público sobre PIB inferior a la media de la UE-15 (44,5% vs. 48,7%) aunque algo por encima de Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y Alemania. No obstante, si no tenemos en cuenta los intereses y el desempleo, España es el segundo país que menos gasta de toda la UE-15, justo por detrás de Irlanda, y seis puntos por debajo de la media europea (38,6% frente al 44,6% del PIB).

En 2007, España con un gasto del 5,7% PIB era el segundo país de la UE-15 que menos gastaba en sanidad justo por delante de Luxemburgo. En cambio, Dinamarca, Austria y Francia presentaban unos gastos en Sanidad superiores al 7% PIB. En 2014, España presenta un gasto de 6,1 pp. PIB. Continúa siendo uno de los países que menos gastan en Sanidad justo por detrás de Grecia y Luxemburgo. Los países que más gastan son Dinamarca (8,7% PIB), Finlandia (8,3% PIB) y Francia (8,1% PIB).

Durante la fase expansiva todos los países de la UE-15 aumentan su gasto en sanidad tanto en variación del gasto en términos reales como en diferencia de pp. de PIB. España es el país de la UE-15 que más aumenta el gasto en sanidad en términos reales (16%). En puntos de PIB el aumento es de 1,1. El aumento de la UE-28 es del 9% en términos reales (0,9 pp. PIB). Los países con menores aumentos en términos reales son Francia, Austria y Suecia. En la fase de Consolidación (2009-2014), hay un comportamiento diverso. Destacan las caídas en términos reales del gasto en sanidad de Grecia (46%), Portugal (25%) y España (14%). Por su parte Alemania, Bélgica y Suecia continúan aumentando este gasto entorno al 0,5% en términos reales. Las mayores caídas en puntos de PIB se corresponden con Grecia (2,1 pp. PIB) y Portugal (1,7 pp. PIB).

Por otra parte, nuestro nivel de ingresos públicos sobre PIB estaba en 2014 unos 7 puntos por debajo de la media de la UE-15 (con un 38,6% del PIB frente al 45,8%). Por consiguiente, se mantiene una brecha preocupante entre gastos e ingresos, con un déficit situado actualmente en torno al 5% del PIB cuya corrección exigirá un esfuerzo continuado de consolidación fiscal. Los autores del estudio ven poco margen para la reducción del gasto, dada la presión al alza del envejecimiento de la población sobre el gasto en pensiones y sanidad, la elevada carga de intereses que conlleva nuestro actual nivel de deuda y los relativamente reducidos niveles de gasto en programas sociales.

En consecuencia, abogan por una reforma fiscal que permita aumentar significativamente la recaudación tributaria con el fin de evitar recortes en el estado del bienestar.